Políticas curriculares 2015-2019

Abstract

A lo largo de este último quinquenio (2015-2019) la Administración Nacional de Educación Pública (anep) ha impulsado y sostenido una intensa agenda de trabajo en torno a la cuestión curricular. Esta agenda se ha desarrollado conforme a los lineamientos definidos al inicio de esta gestión, bajo la idea de desarrollar y promover «políticas de mejoramiento curricular» orientadas a la «mejora de los aprendizajes» en el marco de una «educación de calidad» (anep, 2015). Para dar cumplimiento a los principios y fines generales dispuestos por la Ley General de Educación 18.437, la anep se ha fijado como objetivo el trabajo sobre lo curricular partiendo de considerar como fundamentales la «centralidad del estudiante» en las prácticas educativas y el cuidado de las «trayectorias escolares», con la finalidad de garantizar el derecho a la educación. De acuerdo con Terigi, La preocupación por las trayectorias escolares debe ir de la mano de la remoción de las barreras que impiden el cumplimiento de los derechos educativos y de la adopción de medidas positivas a favor de quienes ven vulnerados sus derechos, pero no de la estandarización de recorridos o del desconocimiento de las distintas vías por las cuales es posible que se produzcan aprendizajes socialmente valiosos (Terigi, 2009:21). Hacer efectivo el derecho a la educación no consiste, entonces, únicamente en viabilizar el acceso ni tener disponible una estructura con propuestas educativas más o menos razonables, diversas, e incluso alineadas. Sobre todo supone asumir la educabilidad de los sujetos, independientemente de sus condiciones de origen, y así asegurar que todos, según sus necesidades y posibilidades, se apropien de conocimientos social, cultural y productivamente relevantes permitiendo los recorridos en el sistema educativo que fortalezcan los aprendizajes. Se trata así de contribuir a la democratización de la educación. Tal como lo señala Rosa María Torres: Democratizar la educación es, esencialmente, democratizar el aprendizaje. Democratizar el aprendizaje implica no solo asegurar una educación y una formación/capacitación de buena calidad para todos y todas, sino además asegurar condiciones básicas de vida que permitan a las personas aprovechar las oportunidades de aprendizaje y poner en práctica los conocimientos y competencias adquiridas, es decir, hacer efectivo su derecho a la educación (Torres, 2006:21). En este sentido, hacer efectivo el derecho a la educación implica reconocer la diversidad en los modos en los que los sujetos aprenden y los ritmos subjetivos en relación con el aprendizaje. Las orientaciones de política educativa convocan a revisar las condiciones institucionales que dispone el sistema educativo a los efectos de que los estudiantes accedan, recorran y completen los distintos tramos que conforman la educación obligatoria. Entre otros efectos, estas orientaciones repercuten directamente sobre la manera de entender y de pensar lo curricular, ya que con ellas se tensionan las dinámicas de funcionamiento que, ancladas en la normatividad escolar, impregnan el accionar de los actores en el seno de las instituciones. Básicamente estas buscan interpelar las relaciones entre las prácticas de enseñanza, el currículo, los aprendizajes, las modalidades de evaluación y los mecanismos de acreditación de los ciclos educativos, sosteniendo una visión donde prevalece la idea de que los estudiantes efectivamente son sujetos de derecho. En este marco, el impulso de una política curricular significa avanzar en la expresión real de los principios democráticos que lideran y dan sostén a la educación en nuestro país, los históricos y aquellos definidos a partir de la Ley General de Educación. La democracia en/por/de/para/la educación se reconoce junto a otros principios, el de laicidad, obligatoriedad, gratuidad, participación, autonomía, diversidad, libertad de enseñanza y de cátedra. El camino en torno a este tejido de principios ha implicado en los últimos años, la resignificación de normas, prácticas, relaciones, formas de organización, aun cuando ha supuesto necesarias contradicciones. La definición de una política curricular supone la asunción de estos principios que se articulan en torno a un proyecto político educativo (De Alba, 1991) junto a un conjunto de decisiones que lo viabilizan en acciones. Se trata de un abanico de acciones y prácticas institucionales que conforman un tejido complejo e interrelacionado aunque muchas veces aparecen disociadas o sin aparente vinculación. Los saberes están en juego plasmando a su vez supuestos epistemológicos que sostienen las diferentes dimensiones y escenarios de lo curricular que trascienden a cada Consejo que integra la anep. Una primera parte de este proceso de definición de una política curricular en clave anep se expresa en el documento del Marco Curricular de Referencia Nacional (mcrn). El proceso de trabajo impulsado a partir de la elaboración de ese marco, involucró los escenarios curriculares vinculados a los conocimientos objeto de enseñanza y de aprendizaje: la elaboración de progresiones de aprendizaje en sintonía con la promoción de una perspectiva formativa de la evaluación así como el trabajo en torno a los regímenes académicos de la educación media, aunque centrado en los reglamentos de pasaje de grado y los dispositivos de acreditación de los ciclos educativos.